Hablando Claro Con Vilma Ibarra

Costa Rica evidencia, cada vez con mayor acento, números rojos en una de las políticas públicas que le ha dado enorme brillo global: la materia ambiental y las acciones de descarbonización de la economía no están siendo congruentes con los esfuerzos históricos de la legislación y las consecuentes políticas públicas. Es tan delicada la situación que a hoy tenemos más áreas protegidas, pero muy pocos recursos para defenderlas. Hay robusta legislación, pero con capacidad institucional disminuida. Se asumieron compromisos ejemplares para la descarbonización, pero se han tomado decisiones que evidencian retroceso en la matriz energética. Otro tema sensible tiene relación con mayor conocimiento acerca del riesgo por impactos naturales, pero mínimos avances en el ordenamiento territorial. En la práctica, decisiones como la aprobación del aumento en la vida útil de la flotilla de transporte público contaminante, el descarrilamiento temporal del tren eléctrico para personas y para carga, las recurrentes intenciones

A propósito de la presentación de la esperada política nacional de seguridad pública, el presidente de la República volvió a agitar las aguas políticas. Su arremetida contra los poderes Legislativo y Judicial fue tal, que trastocó de inmediato el funcionamiento de las sesiones extraordinarias del Congreso, tanto en el plenario como en las comisiones. Por tratarse de un tema tan sensible como la crisis de inseguridad, los acontecimientos obviamente afectan la convivencia cotidiana, pues siguen a la orden del día las preocupaciones por la seguridad y la falta de opciones de empleo. En medio de estas circunstancias, el diario La Nación dio conocer que la investigación policial del denominado caso Corona, que desarticuló una poderosa banda de tráfico internacional de drogas, tiene delicadas ramificaciones que tocan al Poder Ejecutivo. Por otro lado, continua en compás de espera la decisión final del Tribunal Supremo de Elecciones, acerca de la participación o no, de la agrupación cercana a la fracción de gobie

“Durante el 2022 y el primer semestre de 2023, el país consolidó un desgaste de los logros históricos de su desarrollo humano sostenible, así como una mayor incapacidad de su democracia para promoverlo”. Este es la preocupante síntesis que le presenta a Costa Rica el Informe Estado de la Nación 2023, que se suma a alertas que nos señalan ser una democracia con problemas que solucionar antes que evadir o justificar. Hemos hecho los esfuerzos por ser una sociedad que tomó decisiones y acciones de política pública para fomentar y diversificar la producción, pero hoy nos muestra exclusión, desigualdad y brechas. Por un lado, la promoción de exportaciones y la atracción de Inversión Extranjera Directa (IED) muestran éxito, pero otros sectores denotan crisis estructurales del un crecimiento económico desequilibrado que son un freno al desarrollo humano y que tienen impactos profundos en las poblaciones, los sectores y los territorios más vulnerables. El informe nos ofrece una cantidad de información que iremos

Una nueva versión más y la administración Chaves Robles presentó lo que denomina la Política Nacional de Seguridad Pública. Esta la podemos dividir en dos actos, para lograr entender lo sucedido en la Academia Nacional de Policía, en Guápiles. En el primero, el ministro de Seguridad, Mario Zamora, y sus dos viceministros, Erick Lacayo y Manuel Jiménez, esbozaron cuatro ejes de acción. Prevención social, Criminalidad común, Crimen Organizado y Narcotráfico, Protección y Defensa de la Nación, cada uno con acciones y objetivos. El jerarca no eludió que este es el año más violento, en cuanto a criminalidad y enfrentamiento de grupos e insto a que el trabajo siga comprometiendo a los poderes del Estado, a la institucionalidad y ciudadanía, desde una visión integral. Como metas se imponen reducir a 480 los homicidios violentos para el año 2030, así como reducir la tasa de delitos, femicidios, profesionalizar y fortalecer el trabajo conjunto de los cuerpos policiales, dotarles de mayores recursos, tecnología y cap

Es un problema en el cual todas las personas tenemos responsabilidad, pero para solucionarlo no la asumimos, miramos hacia otro lado o la echamos en cualquier sitio, para que otros la asuman. Con datos del año 2021, del Ministerio de Salud, en Costa Rica producimos 1.6 millones de toneladas de residuos ordinarios, con una tasa de recuperación de un 6.9 %. De ese total, 1.3 millones de toneladas se generaron en hogares y 291 mil toneladas en comercios y otros. El país cuenta, desde la Constitución Política, leyes y reglamentos para la gestión integral de desechos y para el manejo de rellenos sanitarios públicos y privados, pero aun así no se logra establecer una estrategia nacional de economía circular que implica reutilizar, reparar, renovar y reciclar materiales y productos todas las veces que sea posible para crear un valor añadido. Por ley el manejo de la basura es responsabilidad de las municipalidades, pero investigaciones concluyen que un 62 % de los municipios no cuentan con un plan regulador que les

La economía de Cosa Rica crecerá este año un 5,3 %, más alto de lo previsto, la salud fiscal del país es óptima y la inflación está controlada. Todos estos elementos son considerados un éxito y ayudan a presentar número positivo de la gestión gubernamental. Eso sí, el año entrante el crecimiento proyectado bajará y aun con estas condiciones macroeconómicas buenas, no se tiene prevista una baja en las tasas de interés que tengan incidencia directa en mejores condiciones para las personas, familias y sectores productivos, en medio de un año con una baja en el precio del dólar respecto del colón. Ya economistas advierten que los vientos favorables de las condiciones internacionales que ayudaron en esto no serán tan propicios, así como otras condiciones internas que nos presentan un 2024 de desafíos por enfrentar. Pero todo esto. ¿En qué beneficia, en el día a día, en el bienestar general de la población? ¿Cómo se refleja en el costo de la vida y el acceso más barato al dinero? Estos son parte de las incógnita

Argentina resuelve su más estrepitosa jornada electoral y Javier Milei, ultraderechista y liberal, ganó la segunda ronda y se convierte en presidente electo y abre una nueva etapa de la vida política, económica y social, al emerger una fuerza, que conjunto el descontento y le permitió derrotar a los partidos tradicionales. En el fondo una nación con una crisis estructural que le da un mandato contundente en las urnas, pero precario en el resto del Estado con solo 37 representantes legislativos y 8 senadores. Todas las cartas abiertas para determinar cómo será su comportamiento como gobernante, la moderación ante sus promesas y el papel que tendrá la oposición. Culminada la elección hay que analizar los elementos que llevaron a este resultado, cómo se conformará gobierno para el traspaso de mando el 10 de diciembre y el arranque de reformas que exige una ciudadanía polarizada, demandante y vigilante. Ante esto Milei en su discurso de victoria es claro al señalar que “hoy comienza la reconstrucción de la Arg

Fue, sin duda, la noticia política de la semana: la Sala Cuarta determinó la inconstitucionalidad del controversial proyecto de jornadas 4x3, debido a un vicio sustancial en el procedimiento legislativo. Borrón y cuenta nueva. El Ejecutivo, en respuesta a esa decisión que acabó con el proyecto tal cual se estaba tramitando, aspira ahora a recomponer la alianza de cuatro partidos políticos y una mayoría de los de Liberación Nacional para, básicamente, hacer un nuevo expediente que logre llevar a término esa iniciativa en la que ha empeñado una significativa apuesta de capital político, que no está dispuesto a perder. Este cambio significativo de condiciones de jornada laboral ha sido un tema en extremo polarizante. Tanto que ahora que los magistrados confirmaron la irregularidad del procedimiento se volvió a abrir la polémica: el gobierno y quienes apoyan las jornadas flexibles aseguran que no tenerlas pone en riesgo las inversiones planificadas por empresas multinacionales y en peligro la llegada de nuevas

La paciencia de la población cartaginesa sigue a prueba por la manera en que se posterga, con todo tipo de argumentaciones, la cada vez más urgente adjudicación para empezar a construir el nuevo hospital de la provincia. En punto a esta truncada situación, dos hechos relevantes han ocurrido en los últimos días: primero, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) otorgó la viabilidad ambiental al proyecto con un pronunciamiento contundente: “puede concluirse que no existe evidencia de la presencia de la proyección superficial de una posible ruptura del sistema de fallas de Aguacaliente o de alguna de sus posibles ramificaciones, en el terreno en donde se construirá el hospital nuevo de Cartago. Esta afirmación se fundamenta en la reinterpretación especializada y detallada de todos los estudios realizados hasta la fecha: geología, geofísica, geotecnia, trinchera y amenaza sísmica”. El otro elemento se dio a conocer este miércoles y aunque no resultó sorpresivo, era necesario de finiquitar: el Consejo U

El pasado 7 de octubre sorprendió a Israel una incursión terrorista que desató la guerra en Gaza.  Desde entonces el panorama está signado por bombardeos, invasiones terrestres y la muerte de civiles y rehenes.  El balance es desolador: 11 mil fallecidos y 242 rehenes, de los cuales 57 habrían muerto ya, son algunas de las más trágicas estadísticas de este escenario explosivo de confrontación.  Pero hay también 2.2 millones de desplazados, de los cuales la mitad serían menores de edad. Fuera de servicio están más de la mitad de hospitales y centros médicos de la Franja de Gaza, lo que acelera una crisis sanitaria, a la que se suma una muy limitada logística de entrega de alimentos y medicinas.  Otras alertas son la escasez y mala calidad del agua, así como un precario suministro de energía eléctrica que asfixia a la población gazatí.  Hasta ahora han sido inútiles los llamados de países y organismos internacionales para encontrar condiciones mínimas que den cabida a un cese al fuego.  Para poner en pers

El estallido social generalizado en Panamá, que cumple tres semanas ya, tiene un elemento que lo desató, pero no cuenta con una dirección única y tampoco vislumbra un punto de llegada. Desde el inicio de año ya se venía gestando una tensión por el tema minero, pero fue el 20 de octubre que reventó por la aprobación, en 72 horas, del contrato de concesión a Minera Panamá, que se suma a otras 15 otorgadas y que consolidan la actividad extractiva más grande de la región centroamericana. A estos movimientos, los más grandes de los últimos 30 años, se suman una serie de yerros de las autoridades canaleras. A la rápida aprobación legislativa le siguió la firma presidencial para convertirla en ley, luego la voluntad de resolver por consulta el rechazo popular, pero que no llegó a prosperar, para entonces pasarle la decisión a la Corte Suprema de Justicia y aprobar una ley de moratoria minera, que dejaría sin efecto la polémica concesión, pero a un posible costo millonario por incumplimiento contractual. Pérdidas

Los índices de valoración de Rodrigo Chaves y su gobierno siguen en descenso. Si bien aún se mantiene un núcleo duro del 46% como valor positivo, la disminución con el avance de la gestión va siendo cada vez más difícil de disimular. Una de las razones para la ciudadanía resulta muy clara: la inseguridad y la ola de criminalidad se ha salido de las manos, así como otros temas sensibles que inciden en la calidad de vida de las personas. Al mandatario se le reconoce firmeza y ser directo a la hora de hablar, pero le reclaman la soberbia, la prepotencia y la arrogancia en el ejercicio presidencial. Si bien el país requiere (de acuerdo con los entrevistadores) un liderazgo fuerte, este debe estar enmarcado en un mandato que sea respetuoso con la ley. Estos son algunos de los resultados del último análisis de coyuntura político electoral de la firma Índice, que se hace público al iniciar la semana. Para ampliar acerca de estos hallazgos conversamos con el especialista en estrategias mercadológicas Iván Barran

Costa Rica sigue siendo la democracia más consolidada en la región centroamericana y una de las tres mejores calificadas en América Latina. Ello, por supuesto, es motivo de orgullo. Pero también de mucha obligación responsable. Una cúmulo de decisiones estructurales postergadas y no pocos desacuerdos nos enfrentan hoy a una serie de imperiosos desafíos para mantener nuestro pacto social. Hay que poner mucha atención a los reclamos de la ciudadanía por la pérdida de la confianza en las instituciones democráticas que la alejan de su defensa. Además, la fragmentación social, la extrema polarización, el deterioro del sistema de partidos políticos, el reclamo por la calidad de los servicios públicos, las grietas de la inequidad y los casos de corrupción, se suman a la escalada de la violencia y criminalidad que tienen incidencia directa en la gobernabilidad. Para ampliar acerca de las cuestiones fundamentales que debiéramos debatir y definir para fortalecer la democracia, conversamos con el Director del Estado

Las democracias centroamericanas están transitando por tiempos de complejidades, que las siguen tensando. En Guatemala, el presidente electo, Bernardo Arévalo, sigue sorteando los diversos obstáculos que le permitan llegar al 14 de enero y asumir el poder que ya de por sí se vislumbra, será una prueba de fuego a su mandato y a la institucionalidad. En Honduras, el nombramiento del nuevo jerarca de la Fiscalía General genera fuertes enfrentamientos que se suman a los otros desafíos que enfrenta el gobierno de la presidenta Xiomara Castro. En Panamá, un fuerte estallido social, por una concesión minera, puso al presidente Laureano Cortizo en una compleja situación, dado que las manifestaciones recogieron otras molestias y reclamos ciudadanos. Para poner en foco la salud de la democracia regional conversamos con el politólogo, Alejandro Barahona.

De 1 a 10 en liderazgo y capacidad para gobernar, el presidente Rodrigo Chaves mantiene una nota alta de 7, siempre por encima de la Asamblea Legislativa que reseña un 5.5. Estos son algunos de los resultados de la segunda encuesta de percepción ciudadana acerca de la gestión del gobernante y del Poder Legislativo, según el Observatorio del Desarrollo de Universidad de Costa Rica, realizada del 27 de setiembre al 13 de octubre, con un margen de error del 3,8 % con un nivel de confianza del 95 %. Otros resultados muestran una calificación más severa. Un 40 % de la población afirma que la Administración Chaves Robles está haciendo un trabajo bueno o muy bueno, un 33  % regular y el 25 % afirma que el trabajo es malo o muy malo. Un 70 % percibe que el costo de vida no disminuye, y un 85,4 % sostiene que la seguridad ciudadana no mejorará y empeorará en los próximos tres meses. Estos son los puntos más críticos que enfrenta este mandato y que tienen una incidencia en los resultados del estudio. Un dato de la c

Conmemoramos este 7 de noviembre el Día de la Democracia Costarricense y lo hacemos en un contexto de enormes desafíos para los regímenes democráticos prácticamente del mundo entero, pero muy particularmente de nuestro continente. En concreto, dos reportes globales puntualizan el estrés a la que ha sido sometida esta bicentenaria democracia en los últimos dos años. Son, además, una alerta que debe ser tomada muy en cuenta, para asumir las responsabilidades que nos competen en la defensa del bienestar colectivo. El Latinobarómetro 2023 registró para nuestro país una caída de 11 puntos porcentuales de apoyo a la democracia, al pasar del 67 % en el año 2020 a un 56 % en 2023. Es una caída abrupta que nos colocó como una democracia en problemas. Por otro lado, en el último informe de la organización mundial Reporteros sin Fronteras, Costa Rica cayó 15 peldaños en libertad de expresión, colocándonos en el puesto número 23 y señalando de manera puntual que hemos dejado de ser "el último bastión de la región". Y

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) nos informó que el 21.8 % de los habitantes del país viven hoy bajo la línea de pobreza, lo que implica que el nivel se acerca ya al porcentaje prepandemia (21 % en el 2019). A pesar de ese esfuerzo, la pobreza extrema creció en poco más de 2,000 habitantes, de 110,600 a 112,900. De igual manera, bajó a un 8.8 % el desempleo, aunque la reducción fue mayor para los hombres (7.4 %) que para las mujeres (11.1 %); también es cierto que se vuelve a reflejar que más personas dejan de buscar trabajo. Una calificadora de riesgo mejora la posición de Costa Rica, pero a lo interno se reducen las becas para estudiantes y el Ministerio de Educación Pública tiene el presupuesto más bajo en las últimas décadas. Por otra parte, la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social presentará su postergada ruta de trabajo en áreas sensibles y se prevé que anuncie un sistema de copago, que implica que los asegurados harían frente a una parte del pago de los s

De concretarse la exclusión del líder mundial chino de las telecomunicaciones del despliegue de la tecnología 5 G en Costa Rica -como pretende el Poder Ejecutivo- las tarifas de internet y telefonía móvil podrían subir hasta un 40%, mientras las suscripciones podrían reducirse hasta en un 43%. Tal conclusión emana de un estudio del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (CINPE) de la Universidad Nacional, que proyectó un escenario lúgubre: en ocho años podrían quedar por fuera de la moderna tecnología hasta 3.5 millones de personas, mientras que en un lapso de cinco años, el país enfrentaría hasta $1.360 millones en gastos adicionales con perjuicios directos en los sectores productivos de manufacturas, comercio, información y comunicación. ¿Cómo y por qué el escenario sería tan pernicioso? El asunto es que las empresas operadoras de telecomunicaciones han realizado multimillonarias inversiones en el despliegue de la infraestructura de las redes existentes con la tecnología

Por decisión unánime de la Sala Constitucional, el Consejo Nacional de Vialidad, CONAVI, fue obligado a entregarle a Hablando Claro la auditoría externa de la ruta 32 que, contraviniendo el ordenamiento jurídico, había declarado como confidencial. Vilma Ibarra decidió recurrir en amparo ante los señores magistrados debido a que el presidente de la República en una conferencia de prensa el pasado 7 de junio aseguró falsamente que ella había recibido una suma exorbitante de dinero por hacerle propaganda a esa vía en reconstrucción. Ahora, teniendo el informe en su poder y habiéndolo distribuido a toda la prensa nacional, cualquiera puede constatar que el argumento de la falsa “confidencialidad” fue esgrimido para cumplir con el fin perverso y mal intencionado mediante el que el mandatario y otros funcionarios manipularon información de esa auditoría para intentar manchar su reputación y credibilidad. Es un hecho que desde el inicio de su gestión, la actual Administración ha implementado tácticas de persecució

La temperatura política se ha venido calentando, al igual que la respuesta narrativa del gobierno ha subido algunos grados. Estos días han salido chispas de las comisiones legislativas en que personas cercanas a la administración Chaves Robles evidencian diferencias, develan decisiones que no se sostienen y señalan responsabilidades, en decisiones sensibles, del mismo presidente. Calixto Chaves desde su comparecencia en la comisión que investiga el financiamiento de partidos políticos dijo, con claridad, que sigue asesorando al mandatario desde una oficina en Zapote. Eso si, dijo que no tiene relación alguna con la diputada Pilar Cisneros y el asesor, Federico Cruz. Dos personas del entorno más cercano al gobierno. Marta Esquivel salió señalada al no dar respuestas contundentes, ante la comisión legislativa Cartago, por la negativa a la construcción del hospital. Luego insistió que si se investiga más la compra y licitación nos llevaremos sorpresas, en su afán de denunciar sin dar pruebas. Esmeralda Britt