Hablando Claro Con Vilma Ibarra

Luchando contra una institucionalidad maltrecha, los guatemaltecos atraviesan por una coyuntura decisiva en la que aspiran a mejorar la condición de su establecimiento democrático. Para entender lo que allí sucede hay que poner foco -entre otras causas estructurales- a la solvencia del aparato de administración de justicia, sobre el que descansa en un Estado de Derecho, la preservación de garantías constitucionales individuales y colectivas. El primer elemento sensible en esta materia tiene que ver con la escogencia de los operadores de justicia, porque si los procesos no tienen garantías de imparcialidad, confianza y credibilidad en la selección de las personas más idóneas, sino que, por el contrario, son viciados por la injerencia de poderosos grupos políticos, económicos y sectoriales que colocan a los jueces, fiscales y magistrados que les favorezcan, todo el andamiaje queda vaciado de contenido. Una investigación de estos procesos durante los años 2004-2009 y 2014 proporcionan evidencia útil acerca de

La libertad de expresión, la libertad de prensa y las relaciones entre medios de comunicación y poder político, no pasan por buenos tiempos en Costa Rica. Algunos datos así lo evidencian: -El 63% de la población asegura conocer de ofensas contra periodistas en este año. -El 48% indica que es peligroso trabajar como periodista. -Un 54% percibe censura o limitaciones de personas en general a expresar sus pensamientos. -Y un 43,5% de la población considera que el gobierno de Rodrigo Chaves irrespeta la libertad de prensa y de expresión. Estos son solo algunos de los resultados de una reciente encuesta hecha por el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) por encargo del Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (Proledi) de la Universidad de Costa Rica (UCR). Para ampliar acerca de las valoraciones obtenidas en este estudio científico nacional conversamos con los periodistas Guiselle Boza y Óscar Jiménez del PROLEDI.

Con el fin de mes, llegan buenas noticias desde la Asamblea Legislativa para los propietarios de vehículos. Se aprobaron dos proyectos de ley que tienen incidencia directa en el pago del marchamo. El primero fue impulsado por la bancada Liberal Progresista y logró -contra pronóstico inicial y tras muchas negociaciones- un acuerdo unánime para reformar el método de cálculo del monto para el pago del impuesto a la propiedad de vehículos, el componente de mayor peso en el costo total del marchamo. Los autos con menor valor fiscal pagarán menos respecto de los de mayor valor. La iniciativa garantiza también una disminución por emisiones contaminantes para los vehículos de hasta nueve años de antigüedad, así como un mecanismo de reducción anual en el costo por depreciación. En plata blanca, los rebajos van desde los ₡13 mil a los ₡113 mil. El segundo proyecto aprobado fue impulsado por Liberación Nacional y aunque no obtuvo el apoyo de la fracción oficialista, logró la condonación para todos aquellos que tenga

La temperatura política de estas semanas ha vuelto a escalar en los termómetros que inútilmente intentan equilibrar las relaciones del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Desde Zapote, una vez se produjeron reacciones altisonantes del presidente Rodrigo Chaves, ante el resello de la ley que sacará a Costa Rica de la lista de países no cooperantes en materia fiscal con la Unión Europea. El mandatario calificó de “cínicos, vergonzosos y antipatrióticos” a los 38 que ratificaron la ley; incluso llamó “Judas” a la legisladora Luz Mary Alpízar, la presidenta del partido que lo llevó al poder, a quien horas antes la jefa del oficialismo llamó “traidora, traidora”. Desde Cuesta de Moras las respuestas fueron muy fuertes y una vez más, el presidente Rodrigo Arias, exigió respeto a la Asamblea Legislativa, evaluando las palabras del gobernante como “desafortunadas, innecesarias e inaceptables”. El enojo focalizado en la diputada Alpízar, devino del hecho de que su voto fue determinante para que el Congreso alca

Si nos apegamos a los plazos establecidos por la Sala Constitucional, en tan solo tres meses más (diciembre) debería estar resuelto un problema que por décadas se ha venido acumulando en algunas comunidades del verde y productivo cantón de Oreamuno de Cartago. La zona de productores de verduras, hortalizas, frutas y pastos para ganado lechero, vive hoy las consecuencias del dañino fungicida clorotalonil, que ha sido utilizado en exceso -obviamente, sin controles- y sin restricciones de política pública de ninguna naturaleza, a pesar de tratarse de una sustancia con potencial cancerígeno prohibida en Estados Unidos y Europa, porque puede contaminar las fuentes de agua, dañar la salud humana y provocar daños ambientales. En la zona alta de Cartago, lo que era un secreto a voces, culminó en una alerta sanitaria hace tres años, cuando se prohibió el uso de agua para consumo humano de unas seis nacientes de Cipreses y Santa Rosa, cuyas ASADAS proveen el recurso hídrico a esas comunidades. Los análisis del Insti

Pasar lista a las alertas sanitarias emitidas las últimas semanas en el país nos pone de frente a los riesgos e implicaciones de salud comunitaria que estamos enfrentando. Un repaso que nos debe ocupar, más que preocupar, apunta a la baja de los índices de vacunación que ha caído en promedios peligrosos; por otro lado, no hay información acerca de hospitalizaciones y fallecimientos por covid-19; la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Nacional de Niños está al 214% de ocupación por virus respiratorios y 10.236 casos de dengue reportados a setiembre, parece que se siguen extendiendo. A este panorama se sumó el fin de semana la alerta por contaminación de agua en el populoso cantón josefino de Alajuelita, que aun cuando fue descartada este lunes, mantiene ocupados a los equipos de salud y las familias de la zona por el brote de diarreas detectado. A la lista hay que agregar la falta de resolución por la severa crisis de contaminación del plaguicida clorotalonil en Oreamuno de Cartago. Para ampliar ace

El aumento en la cantidad de homicidios, en la violencia y la saña con que se cometen, así como el hecho de constituirse en un fenómeno extendido por todo el país, tiene encendidas muchas alarmas. La semana pasada convirtió este año en el más violento de toda la historia de Costa Rica, aun faltando tres meses para que concluya. Sin duda la situación tiene desbordados a los cuerpos policiales, con especial foco en el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) responsable de la recolección de indicios, custodia de pesquisas e investigación de todos los casos pendientes; labor que realiza con el mismo personal, equipos y recursos económicos. La tasa de homicidios del 2022 fue de 12,6 por cada 100 mil habitantes. Al 22 de setiembre de este año se contabilizaron 656 homicidios, la misma cifra de los doce meses anteriores, para un incremento del 46,2 % y -de acuerdo con los especialistas- no parece haber forma de que la tasa no continúe en ascenso. Para ampliar acerca de cómo enfrentar la crisis de seguridad ciu

La presencia del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski en el pleno del 78° período de sesiones ordinarias de la Asamblea General de Naciones Unidas, fue tan notoria como la ausencia de cuatro de los cinco poderosos integrantes del Consejo de Seguridad. Solo el estadounidense Joe Biden se presentó a la cita, lo cual se da siempre por sentado. Ciertamente, nadie esperaba a Xi Jinping y mucho menos aún a Vladímir Putin, sobre quien pesa una orden de captura internacional, pero la ausencia de Francia y Reino Unido sí fue objeto de señalamiento. ¿Cuánto peso le otorgan los grandes hoy al multilateralismo diseñado tras la Segunda Guerra Mundial? ¿Es que acaso el G7, que se reunió en la Cumbre de Hiroshima en mayo, o el G20, que se encontró hace apenas dos semanas en la India, concitan hoy más interés que congregarse alrededor de los muy limitados alcances de los objetivos de desarrollo sostenible, que evidencian retrasos prácticamente en todas sus metas? ¿Y qué decir de la crisis migratoria, hoy en un punto de

Las denuncias de la Policía de Control de Drogas (PCD) y de Vigilancia Aérea, respecto de la desmovilización de los oficiales de detección de drogas en puertos, muelles y aeropuertos, así como el desmentido del ministro de Seguridad al respecto, dejaron al descubierto dos asuntos sustantivos: por un lado, que hay en curso un plan de reorganización del trabajo de los policías administrativas del país del cual no teníamos conocimiento y, por otro, que existen fuertes tensiones a lo interno de una cartera ministerial que resulta neurálgica en la coyuntura que vivimos. Esto ocurre cuando el país enfrenta la ola de criminalidad más grande de su historia, por pugnas entre bandas que defienden territorios para el almacenaje, custodia y distribución de drogas. Este martes contabilizábamos 649 asesinatos violentos en lo que va del 2023, con lo que hemos pasado en tan solo dos años a triplicar el promedio diario de homicidios, de 1.4 a 4.2 de acuerdo con datos del Organismo de Investigación Judicial. Tal es la realid

Solo considerando el desgaste propio del ejercicio del poder desde el Ejecutivo, la última encuesta nacional de opinión pública apunta a una disminución de las valoraciones positivas que, en la medición anterior de abril, le otorgaban a la Administración Chaves Robles 63 puntos. Y si bajan las opiniones positivas, la correlación apunta al incremento, ya como tendencia, de las opiniones negativas. El cuarto estudio de opinión pública del Centro de Investigación y Estudios Políticos CIEP-UCR, de estas últimas horas, nos presenta el panorama respecto de la calificación actualizada del gobierno, del mandatario, la Asamblea Legislativa y las principales problemáticas que desde la perspectiva ciudadana, afectan al país. En esta oportunidad, el estudio también nos ofrece una primera aproximación al termómetro de las elecciones municipales del primer domingo febrero próximo. Para develar los datos y poder realizar las comparaciones, conversamos con Ronald Alfaro, coordinador del equipo investigador del CIEP.

No hay otra manera de decirlo y por ventura es así: nuestra institucionalidad responde al clamor que lanzamos por una sociedad que aspira a lograr la igualdad en derechos y oportunidades. Y eso nos renueva las esperanzas. Este lunes los y las diputadas, por la calificada mayoría de 38 votos, designaron como magistrada de la Sala III de la Corte Suprema de Justicia a la doctora en derecho penal Patricia Vargas González, la mejor calificada con 89.56 puntos en el proceso de selección. Vargas, quien será juramentada por la Asamblea legislativa el próximo jueves, será la octava jueza de un cuerpo colegiado de 22 integrantes, 14 de los cuales son magistrados, con lo cual aún hay camino que recorrer para establecer la paridad y saldar la deuda histórica que tiene la sociedad costarricense para con la igualdad en la impartición de justicia. Y el tiempo es ahora: quedan sin nombrar por el momento otra magistratura en la Sala Primera y una especialmente sensible en la Sala IV para ocupar el puesto que dejó vacante

Por los plazos establecidos, por haber hecho todo contra reloj (muy a la tica), por los intereses en juego de actores política y económicamente poderosos y por lo complejo de la materia, todo apunta a que Costa Rica, al menos por un tiempo indefinido más, seguirá siendo parte de la lista de países no cooperantes en materia fiscal con la Unión Europea. El cuento es difícil, aunque lo que exigen los europeos es muy sencillo de resolver: debíamos corregir nuestra legislación tributaria para no favorecer, como actualmente está establecido, lo que se conoce como la doble no imposición que permite que no tributen sobre sus rentas pasivas ni en Costa Rica ni en Europa empresas o personas físicas europeas. Es decir, que igual que debe imperar la protección para que no se afecte a personas y empresas con dobles imposiciones, no debe existir laxitud tal que algunos astutos no paguen tributos por rentas ni en una jurisdicción ni en la otra. El caso es que en lugar de hacer una reforma simple, sencilla y “limpia” para

Celebrar la independencia patria nos permite repasar episodios de la historia y dimensionar algunos de los hitos que han ido conformando la identidad de Costa Rica, como una nación libre, democrática, independiente y pluricultural. A 202 años de esta gesta volvemos a recordar las condiciones políticas, económicas y culturales que tenían nuestros antepasados, para poner en perspectiva la Nación que hemos forjado, con sus aciertos y sus desafíos. Rendimos honor al volver a reconocer los esfuerzos bicentenarios en la construcción de las estructuras democráticas, jurídicas, educativas y de convivencia hacia un Estado Social de Derecho. Hitos que se revaloran desde el año 1812, con la Constitución de Cádiz, el acta de independencia de 1821, la guerra de Ochomogo, los intentos para establecer la fallida República Federal de Centroamérica, la época liberal y las garantías sociales que son pilares fundamentales y las reservas para enfrentar los retos del presente. Hacemos esta revisión con la catedrática, investi

Aunque existe criterio unánime respecto de la imperiosa necesidad de que el país avance sin dilación en el despliegue de la red 5G (la quinta generación de tecnología móvil) no hay tal unanimidad respecto de la inesperada decisión del gobierno de la República de excluir -aparentemente por razones políticas y no con fundamento en criterios técnicos- mucha de la infraestructura actualmente desplegada por los tres operadores de telecomunicaciones con tecnología Hauwei (China). Se trata de un asunto complejo y con múltiples aristas. Todos por supuesto, queremos contar con las ventajas de la tecnología móvil más nueva. Pero no entendemos nada respecto de cómo se despliegan las redes, cuáles son las inversiones que deben hacerse, cuánto cuestan y quiénes deben pagar por ello. Más difícil aún es comprender que todo esto pueda formar parte de lo que algunos llaman la guerra fría de las telecomunicaciones entre China y Estados Unidos que, en todo caso, es una batalla de muy alta temperatura. Y ahí es donde parece ra

El espejo que nos puso de frente el Noveno Informe sobre el Estado de la Educación, recientemente publicado, nos obliga a observar profundamente los desafíos estructurales, entre otras materias, de la macro evaluación; una asignación en la que llevamos mala calificación con muchas tareas pendientes. Este importante componente carece de parámetros claros, respectó de qué, cómo y para qué se evalúa. Tampoco incorpora estándares internacionales para mejorar y mantiene al Ministerio de Educación como juez y parte en el proceso, sujeto siempre a los vaivenes de cambios políticos y no asegurados al timón de los criterios técnicos. Una de las conclusiones es contundente: “Si consideramos todas las interrupciones en la evaluación de los aprendizajes a nivel nacional a causa de las decisiones de las administraciones de turno, acumulamos cerca de dos décadas sin información alguna sobre qué aprendieron las personas estudiantes. Para la política pública, esto es un obstáculo de innovación y progreso, en general, para

Chile, 11 de setiembre de 1973: un golpe militar derroca al presidente Salvador Allende. Es tiempo de golpes y dictaduras en América Latina. Unas a sangre y fuego y otras por el “convencimiento” del uso del poder institucional. En México, por ejemplo, en la llamada dictadura perfecta, el poderoso Partido Revolucionario Institucional (PRI) gobierna con mano firme y lo domina todo. Medio siglo después, estos dos polos de nuestra América nos permiten perfilar el mapa de los desafíos democráticos regionales. Chile con Gabriel Boric como presidente, no logra superar los escollos de gobernabilidad que mantienen aún en vigencia la Constitución Política que construyó la dictadura de Augusto Pinochet y, peor aún, el 36 % de los ciudadanos justifican el golpe militar y la extrema derecha deriva réditos de la herida histórica que se mantiene abierta. Y México, por primera vez en su historia, asiste a una campaña electoral con la opción real de que una mujer llegue a ser presidenta. Con los partidos tradicionales mu

En punto al ambiente, estamos afrontando en el planeta una triple crisis simultáneamente: la de los impactos por el cambio climático, la de la pérdida de biodiversidad y la de la contaminación por tóxicos y plásticos. Esta problemática global causa estragos en la salud, la agricultura y la provisión de agua potable, al tiempo que extermina especies de flora y fauna, destruyendo hábitats, núcleos poblacionales y, por supuesto, infraestructura con multimillonarias pérdidas. Así, nuestra calidad de vida desmejora y esto obliga al mundo a rediseñar las estrategias de cooperación internacional para concretar programas y acciones climáticas que den respuesta a las vulnerabilidades en curso, para tratar de revertir los efectos actuales y los gravísimos que se avizoran en un futuro cada vez más cercano. Y aunque la responsabilidad de la contaminación recae en las economías más poderosas, es nuestra obligación también poner foco local a estos desafíos para incidir con nuestras fortalezas ambientales como país en ac

Apenas seis años atrás, en octubre 2017, el movimiento #Metoo que inició en Estados Unidos como una protesta en redes sociales para denunciar el acoso y la agresión sexual, primero contra el productor de cine Harvey Weinstein y luego contra otros hombres poderosos, se extendió por el mundo entero. Fue un punto de inflexión en la lucha por la reivindicación de la dignidad de las mujeres. Algo de similar impacto está pasando hoy en España. Emergió del fútbol en una fiesta de celebración a miles de kilómetros en Sidney, Australia, el domingo 20 de agosto, pero hoy tiene repercusiones mucho más allá de las fronteras ibéricas y más allá de las canchas. El denominado caso Rubiales ha evidenciado, entre otras cosas, el comportamiento machista y de abuso de poder que prevalece en el muy cuestionado mundo financiero, político y cultural, futbolístico y de ahí que la ola de protestas y cuestionamientos ha cobrado tantísima relevancia. Ese domingo, Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (R

Hay mucha tela que cortar aún para deshilvanar las costuras del entuerto que se ha generado a raíz de la persistencia del Banco Central de Costa Rica (BCCR) de exigirle a la Superintendencia de Entidades Financieras (SUGEF) los datos crediticios de todas las personas físicas y jurídicas con su correspondiente identificación. ¿Qué hay detrás de esto? Si bien el Central es el superior de la Sugef, cada una de esas instancias tiene muy delimitadas sus funciones y en virtud de ello la Superintendencia se ha negado hasta hoy a entregar la información. Para hacer cálculos del PIB, el endeudamiento, la oferta monetaria y los riesgos por eventos naturales, los entendidos en la materia concuerdan que el Central no requiere la información desanonimizada. Pero en su afán por mantener el criterio contrario y también por aclarar la disputa con la Sugef; disputa que como sabemos decidió llevar hasta la vía penal, el Banco Central, caracterizado siempre por tener perfil sobrio y reputación intachable, ha revelado en los

Si Costa Rica fuera una casa, hoy requeriría batería de mejoras en cimientos, pisos, goteras, conducciones eléctricas, pintura y hasta reforzamiento del techo. Tal imagen nos resulta apropiada para entender los resultados de la investigación acerca del “Balance y Tendencias del sector vivienda 2022”. Se trata de un área de la economía que se ha venido frenando, lo cual resulta paradójico si se observa que están dadas las condiciones internas que más bien deberían impulsarla. Nos referimos a la reducción de la inflación, la revaluación del colón y la mejora en las finanzas públicas. Pero, paradójicamente, esas condiciones favorables han chocado de frente con una reducción en los presupuestos de inversión y una disminución en la entrega de bonos de vivienda, que es la más baja de los últimos 25 años. Así entonces, aunque el déficit cualitativo de viviendas en el país es de apenas 11.437, ha aumentado a 760 mil el de las unidades habitacionales que están en mal estado. No solo eso, sino que las familias con i