Hablando Claro Con Vilma Ibarra

Con el inicio de abril se conjuntan las fuerzas políticas en pos de obtener la próxima presidencia de la Asamblea Legislativa. Y como suele suceder en política, este año tampoco nada está escrito en piedra y muchos intereses se mueven en torno al control para el manejo de la agenda, la designación de comisiones y la conducción del debate legislativo. Así que tras el receso de Semana Santa, viene una etapa de amarre de votos y negociaciones que comenzarán a perfilar el tono de la legislatura, en un año crucial para la administración Chaves Robles. Pero este arranque se verá matizado por una serie de conflictos sociales fuertes, tales como la de los especialistas médicos que no logran un acuerdo con las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social, otro de sectores del Magisterio Nacional con el gobierno por pagos pendientes y los reclamos por los desabastecimientos de agua potable. Para medir cómo calientan estos motores conversaremos con el politólogo Daniel Calvo.

Recibir cuidados, cuidar a otros y autocuidarse; eso es lo que comprende el denominado “Derecho al Cuidado”, que es ya hora que se reconozca como un derecho humano fundamental. Si bien los cuidados ya están incorporados en varios pactos y tratados internacionales, así como en algunas legislaciones nacionales, hay que armonizar una serie de elementos, para su consolidación y reconocimiento global. Lo primero es aprender del tema, estudiarlo y entender que el derecho al cuidado requiere reconocer el valor del trabajo, las garantías que deben tener las personas que los llevan a cabo  y superar que es una responsabilidad, mayoritariamente,  de las mujeres. Por lo demás , hay que ponderar las dimensiones económicas, culturales e  institucionales del derecho al cuidado para avanzar hacia la universalización tanto del acceso a los servicios, como de su calidad mediante políticas públicas y corresponsabilidad social. En esa línea, recientemente  se llevó a cabo una audiencia en la sede josefina de la Corte Intera

La Semana Santa es un tiempo que conjunta espiritualidad, reflexión, religiosidad, cultura y tradiciones, en una mezcla de manifestaciones que perduran en Costa Rica desde el siglo XVI. En los centros de concentración católica huele a incienso. En los hogares a chiverre. Los más apegados a sus tradiciones visten de morado, que es el color de la penitencia y se vive desde el más respeto de quienes lo celebran con absoluta devoción o de quienes aprovechan el caluroso verano para vacacionar. Las comunidades sacan lo mejor de su imaginería para procesionar y recordar la vida, pasión y muerte de Jesucristo, al punto que el Viernes Santo, desde abril del año 1895, se escucha la solemne marcha del Duelo de la Patria. Para repasar estas y otras particularidades de la Semana Mayor conversaremos con el historiador José María “Milo” Junco.

Mientras continúa el implacable y dramático éxodo de venezolanos por toda América y tras un cuarto de siglo de hegemonía chavista, el 2024 podría ser para Venezuela, uno de decisiones cruciales en lo político-electoral, lo económico y, como no, en lo geopolítico. Y es que el régimen cruzó líneas rojas pre acordadas con la comunidad internacional, al no haberse sustraído a la tentación de inhabilitar burdamente la candidatura de la líder opositora María Corina Machado, quien en una jugada de alto perfil, cedió el viernes su nominación a la historiadora Corina Yoris para las elecciones inicialmente previstas el último domingo de julio. El chavismo madurismo tiene pánico de ir a unas elecciones verdaderamente libres y, lejos de detenerse, hará todo lo posible por burlarlas y “ganar” a las malas. Por otro lado, el colapso de la industria energética es gravísimo. La incorrecta administración de la estatal PVDSA ha destruido gran parte de su capacidad extractiva. Venezuela terminó el 2023 con la inflación más a

Costa Rica es un país privilegiado en su recurso hídrico. Contamos con 70 mil metros cúbicos de agua subterránea, declaramos el acceso y el saneamiento como un Derecho Humano y tenemos décadas de legislación e inversión para procurar agua potable para todos. Pero es un hecho que enfrentamos enormes desafíos en la gestión del líquido. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) revelan esta situación: en el 2018, el 92,4 % de la población tenía acceso a agua potable, pero en el 2022 ese porcentaje disminuyó a un 89,5 %. El desabastecimiento, la poca protección de las fuentes y la paralización de inversión pública es evidente y urge un cambio de timón frente a esta grave situación que en los últimos tres años puso a Acueductos y Alcantarillados en una sequía institucional. Se estima que las generaciones futuras se enfrentarán a un déficit en la relación suministro demanda. Por eso es relevante reducir las fugas, controlar las fuentes de contaminación, atender infraestructuras e incidir en la

Hoy son los habitantes de Hatillo y San Juan de Dios de Desamparados. Días atrás los de Goicoechea, Tibás y Moravia cerrando calles y reclamando su derecho humano al agua. Hay desabastecimiento del líquido en muchas otras localidades a lo largo del país. Trece cámaras que representan sectores productivos alzan la voz, dado que el tipo de cambio excesivamente a la baja les deteriora la competitividad, la generación de empleo y la productividad. El sector agroalimentario uniendo esfuerzos para forzar la atención de las autoridades. Sindicatos del sector educación dando un ultimátum para que se cumpla el compromiso de pago por aumento del costo de vida y otros pluses pendientes. La población de Cartago llamando a una manifestación este viernes, para presionar por la adjudicación de la construcción del nuevo hospital para la provincia. La protesta social se ha ido incrementando y para entender este momento y sus posibles consecuencias, conversamos con el sociólogo José Carlos Chinchilla.

Este primer trimestre del año hemos pasado de frentes fríos a temperaturas históricas de 40 grados centígrados. Y ya nos ponen en alerta que aún no hemos terminado de vivir los impactos de los efectos del fenómeno de El Niño, cuando los embates de La Niña nos pronostican una fuerte temporada de lluvias. La información y los datos que emanan acerca de la variabilidad y el cambio climático deben servir para consolidar políticas públicas que ayuden a generar más conocimiento climático, al servicio del gobierno y sus instituciones, las municipalidades, los sectores productivos y por supuesto, la ciudadanía. Hablamos de determinantes decisiones en salud, en la producción agroalimentaria, en la prevención y en las acciones integrales de resiliencia y adaptación climática. Para pasar de los datos a la acción, el Instituto Meteorológico Nacional lanza un ambicioso proyecto denominado Proyectiva. Ampliamos acerca de estos cambios y acciones con los meteorólogos Karina Hernández y Juan Diego Naranjo.

Costa Rica es una economía abierta que tiene en el turismo, la atracción de inversión extranjera directa y el sector privado exportador, sus motores más potentes. Todos en relación directa con el precio del dólar. Desde hace décadas somos líderes regionales en exportaciones. Con datos de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER), el año 2023 cerró con un crecimiento de 15,5 % en las exportaciones, logrando $2.452 millones más que en el año 2022, alcanzando la cifra de $18.244 millones. Solo este sector colocó en el exterior más de 2.500 productos costarricenses en 150 destinos y sostiene el empleo de 690 mil personas. Al tercer trimestre del año 2023, con registros del Banco Central, se determinó ya monto acumulado de inversión extranjera directa (IED) por $2.691 millones, lo que corresponde al 90 % de la meta estimada para ese año. La caída del precio de dólar sin duda tiene fuertes repercusiones en nuestra competitividad y el deterioro de estas áreas del desarrollo, lo que impacta en e

La espiral de violencia y asesinatos que conlleva la actividad del crimen organizado siguió creciendo en el país durante este primer trimestre del año. Los datos de la primera quincena de marzo reportan dos homicidios violentos por día de lunes a jueves, que se incrementan a tres o cuatro, los fines de semana. Cargamentos con drogas siguen saliendo de los puertos costarricenses, en tanto las incautaciones continuaron bajando de 23 mil kilos en 2022 a 15.860 en el año 2023. Las bandas criminales josefinas (en localidades como María Reina y Sagrada Familia), así como otras en Limón y Puntarenas, ostentan armas de grueso calibre y ejecutan refriegas a cualquier hora del día. El ministro de Seguridad, Mario Zamora, anuncia que durante este año se incorporarán mil efectivos policiales, cuando especialistas indican que debemos pasar de 13,000 a 21,000. El panorama no pinta nada bien. Hacemos repaso de la problemática con el experto en materia de seguridad e inteligencia, Álvaro Ramos Rechnitz.

Esta semana no solo termina anunciando los fuertes calores que se avecinan. Los acontecimientos políticos también aumentaron significativamente las temperaturas. Las profundas ramificaciones que va tomando el tema del decreto de emergencia forzado que justificó los ₡21.800 millones para reparar la pista del aeropuerto de Guanacaste. Los dimes y diretes del presidente Rodrigo Chaves, y del exministro Luis Amador, quien se autoexilia para protegerse -dijo- “de los tentáculos del mal”, las evasivas explicaciones de Alejandro Picado, presidente de la Comisión de Emergencias y las reveladoras declaraciones del representante de Meco, empresa siempre en el ojo de huracanes. El sector agroalimentario sumando esfuerzos para enfrentar la crisis estructural que viven y amenaza la vida de familias productoras y de la economía. La amenaza de un apagón en frecuencias de radio y televisión que hizo el mandatario y afectaría a medios de comunicación. La rápida salida de la ministra, Paola Bogantes para anunciar que en Sem

En tan solo 17 meses de gestión (de julio 2022 a diciembre 2023) la administración Chaves Robles emitió 6 decretos de emergencias. Desde los ciberataques, pasando por los impactos del huracán Julia, la tormenta Bonnie, ondas tropicales, la contaminación de agua con mercurio y hasta los flujos migratorios. De acuerdo con la información de los Planes Generales de Emergencias correspondientes con esos decretos, el costo total de las inversiones asciende a ₡210 mil millones, a los que se suman ₡21.800 millones para la reparación de la pista del Aeropuerto Daniel Oduber en Guanacaste, obra que se incluyó un año después de emitido el decreto sobre Bonnie y cuya adjudicación provocó este martes la caída de Luis Amador, el polémico y hasta entonces poderoso jerarca del Mopt. Pero a esta situación particular, hay que añadirle dos hechos financieros no menores. El mes pasado, la Asamblea Legislativa aprobó un empréstito abierto por $700 millones con el BCIE, para atender unas 500 obras dañadas por efectos de emergenc

Los impactos del vendaval desatado por el presidente Rodrigo Chaves al despedir a Luis Amador, su ministro icónico, no se ajustan a otras muchas tramas de thriller político de “muerte anunciada”. No. Esta vez la sorpresa fue total. Tampoco hubo filtraciones horas antes, aunque sí una señal muy “extraña” el viernes con la apertura anticipada por parte del mandatario de los puentes temporales del Bajo Los Ledezma que Amador había anunciado para el lunes. En la corta de cabezas cayó también el Director de Aviación Civil, Fernando Naranjo. Ambos destituidos, por cierto, de viaje oficial en Canadá mientras el anuncio se daba. Todo apunta a que hay mucha tela que cortar tras la adjudicación del arreglo de la pista del aeropuerto internacional Daniel Oduber, justificado en un decreto de emergencia, cuando el presidente Chaves denuncia ante el país (sin denunciar al Ministerio Público, al menos hasta ahora) que los términos de referencia habrían sido diseñados para favorecer a la constructora Meco, por sobre el Cons

Como una verdadera calamidad económica. Así califican los agricultores costarricenses su situación actual. No sorprende. Parece esa ser la constante de la agricultura en muchas áreas del planeta. Pero esta es nuestra realidad y también nuestro desafío. Para buscar soluciones urgentes un grupo de ex jerarcas del Ministerio de Agricultura y Ganadería, se manifestaron con el afán de entrarle a asuntos álgidos como la importación de productos como el arroz, cuyo precio no ha bajado significativamente a favor de los consumidores, pero sí ha colocado a los productores del grano en una delicada situación. Otro tanto sucede con la no disminución del precio de los insumos; un contrasentido si tomamos en cuenta la caída sostenida en el precio del dólar. Un tema sensible es el acompañamiento ante los graves impactos a la producción por eventos extremos meteorológicos. El sector se apalanca en este grupo de exfuncionarios para llamar la atención del presidente Rodrigo Chaves y del ministro del ramo, Víctor Carvajal, c

A propósito de la urgencia de remozar la legislación electoral, ya manifiesta desde hace años, pero confirmada por las irregularidades del informe de financiamiento de la última campaña, los diputados aprovecharon para avanzar con velocidad inusitada la modificación que pretende retroceder, muy convenientemente, las elecciones municipales con las nacionales. Pero alto… Hace un año, en marzo del 2023 el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) presentó cuatro proyectos de reforma electoral en relación con la disminución de la contribución estatal a las justas y, de paso, incluir el financiamiento a las municipales y ampliar el anticipo que se da a los partidos políticos; además de un adicional para mejorar la representación partidaria y una reforma más para regular las nuevas formas de propaganda política. Para repasar por donde transitan estas reformas conversaremos con el Director de Estrategia y Comunicación Política del TSE, Gustavo Román Jacobo.

¿Qué tiene que ver el maltrato a la inversión social con el Día Internacional de la Mujer? Pues en todo. Resulta que el desarrollo y la consolidación del Estado Social de Derecho se expande mucho más cuando son las mujeres las que, con su visión y su acción, deciden en torno a la inversión social, para beneficiar los proyectos de vida de niñas, niños y adolescentes. Así lo demuestran los resultados de un estudio realizado recientemente en siete países de América Latina, incluido Costa Rica. Y precisamente en nuestro caso, el asunto es de suyo significativo, dada la arremetida de la política fiscalista. Cuando esto sucede, las cargas para sostener el bienestar de las familias recaen con mucho mayor peso en las mujeres, muchas de las cuales enfrentan condiciones adversas para sostener la ausencia o el debilitamiento de la institucionalidad, como está ocurriendo hoy. En este 8 de marzo, la experta en desarrollo social latinoamericano, Juliana Martínez, nos convoca a buscar respuestas a preguntas tales como:

La complejidad de la ola de violencia y criminalidad que enfrenta Costa Rica debe abordarse de manera integral, no desde la retórica que evade responsabilidades, sino desde una política sólida y anclada en decisiones acertadas.   No se puede atender esta grave situación, que nos involucra a todos, con los mismos policías, investigadores y una estructura judicial que antes atendía una situación muy diferente a la actual.   Tampoco se puede enfrentar sin una política pública, sólida y con recursos económicos, que de manera contundente brinde y consolide oportunidades en educación, empleo, formación a jóvenes y mujeres; así como programas permanentes de prevención de la violencia y atención a las víctimas.   En síntesis, lo que ha planteado la expresidenta Laura Chinchilla, desde su trayectoria y expertiz en la materia. Con ella ampliaremos en nuestro Hablando Claro.

Costa Rica tiene de frente un desafío demográfico que nos advierte que la población del país no llegará a 6 millones de habitantes. Esto nos debe hacer replantear, desde ya, una serie de importantes decisiones de políticas públicas. Esta situación se debe a dos posibles escenarios del futuro cercano: el primero es que de continuar la ultra baja fecundidad de 1,3 nacimientos por mujer (ya alcanzada entre los años 2021 y 2023), la población comenzará a decrecer en una década; el otro es que las mujeres están retrasando la maternidad a una edad promedio de 31 años, lo que implicará un inevitable decrecimiento, en 25 años. Estos cálculos fueron presentados por el experto demógrafo Luis Rosero Bixby en el Simposio Tendencias de la Fecundidad en Costa Rica. La baja fecundidad es un indicador de desarrollo, ya que determina que las mujeres puedan estudiar, trabajar y tener autonomía, pero implica tomar decisiones con relación a cómo mejorar la calidad de la inversión y de los servicios públicos, al disminuir la ca

Es cierto. Costa Rica tiene una larga trayectoria en normativa para la consolidación de los derechos de las mujeres, pero una de las deudas urgentes de saldar, es sin duda, la de la violencia estructural. Desde 1984, con la aprobación nacional de la “Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación” podemos sumar una cantidad importante de legislación, pero ello es aún insuficiente. Este enorme esfuerzo de colectivos, políticas e instituciones son un avance que choca contra la realidad cuando los datos procesados del 2022 del Ministerio de Seguridad Pública, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Observatorio de la violencia contra las mujeres, registraron 20 femicidios, 7.537 personas imputadas por violencia contra mujeres y 544 violaciones sexuales; de las cuales, tres de cada diez fueron contra menores de 20 años. Las causas múltiples de los delitos contra esta población se mantienen y van incorporando nuevas perspectivas acerca de las cuales debemos conocer y analizar, co

Son la mitad de la población nacional, pero no llegan a ocupar ni 900 mil espacios laborales formales. Las mujeres siguen teniendo las más altas tasas de desocupación y de desempleo y 400 mil de ellas viven en la informalidad para poder subsistir. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en su informe 2023, enfatizó nuevamente nuestras falencias en políticas públicas para procurar mejores condiciones para ellas. Como sabemos, son las responsables de las tareas del cuido familiar sin remuneración, y nuestro Estado no ha sido capaz de proporcionarles mejoras en la provisión de redes de asistencia para potenciar sus capacidades. Por esta y otras circunstancias les es más complicado completar su educación. Falta además, por supuesto, reforzar un programa que impulse de manera sistémica su incorporación a carreras en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, que son las que tienen una alta demanda y mejores remuneraciones en el mercado laboral. Otros desafíos por resolver hun

Dicho sin ambages: hay un proceso de debilitamiento severo (desmantelamiento) de la inversión social por parte de la administración Chaves Robles. Así lo estableció un numeroso grupo de legisladores que denunció al Ministro de Hacienda, Nogui Acosta, ante la Contraloría General de la República por incumplir con las transferencias que debe hacer al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF). Por toda respuesta, Acosta se mantiene en su mantra: “no hay plata”, como tampoco la hay para cumplir con la asignación constitucional del 8% del PIB a la educación pública o con el pago de la onerosa deuda del Gobierno con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). La lista de adeudos se amplía, entre otros, con la reducida inversión en vivienda y la paralización de proyectos importantes en agua y saneamiento. Para poner foco en el tema y conocer qué acciones políticas deben acompañar a la ciudadanía ante estos hechos, conversamos con las diputadas Kattia Cambronero del Liberal Progresista y Ro